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Cambio de rumbo

La hipótesis que guía al gobierno actual es conocida: el crecimiento de la tasa de ganancia empresaria derramará sobre el resto de la sociedad trayendo bienestar generalizado. Este planteo representa un giro de 180 grados respecto al modelo de crecimiento con inclusión. El trabajo registrado y de calidad ha dejado de estar en el centro de las decisiones políticas. El objetivo estratégico de una mejora paulatina de la distribución del ingreso ha sido eliminado. Ha desaparecido la palabra “desigualdad” del discurso oficial.

La ruta y las metas son otras. El abandono de las políticas que situaban a la demanda interna como principal motor del crecimiento ha tenido efectos en el mercado laboral, que van desde la creciente pérdida de puestos de trabajo hasta la caída de los salarios reales, estimada entre un 7% y un 10%. Tales resultados son consecuentes con la perspectiva del actual gobierno nacional que entiende que la creación de puestos de trabajo en nuestro país encuentra su principal escollo en la incidencia de los costos laborales y en la presencia de regulaciones por parte del Estado que afectan negativamente la inversión. O sea, con el cambio de régimen la política de ingresos pasó de ser eje central de las políticas públicas a inexorable variable de ajuste.

Basados en este diagnóstico, la única iniciativa del gobierno para estimular el crecimiento del empleo ha sido la llamada -y aún desconocida- Ley de Primer Empleo, que consistiría básicamente en una reducción de las contribuciones patronales. De hecho, llama la atención que a más de diez meses de gobierno, no se haya planteado una política activa de empleo. Otro dato regresivo que se observa en el mercado de trabajo desde fines de 2015 ha sido el retiro del Estado de la mediación entre el capital y el trabajo (característica de los doce años anteriores); y los numerosos despidos de trabajadores del sector público, que enviaron una señal habilitante al sector privado para proceder del mismo modo.

El salario real

El anuncio del bono de fin de año es un botón de muestra – reúne todas las características de la actual gestión del mundo del trabajo. En primer lugar, confirma el deseo oficial de consolidar la pérdida del salario real. El gobierno sabe que $2.000 para los trabajadores privados y $1.000 para jubilados no compensa la pérdida de entre 7% y 10% de los ingresos populares. Su oposición a la reapertura de paritarias es parte de la misma decisión política: disminuir el poder de compra de los trabajadores y ningunear a las organizaciones gremiales.

En segundo lugar, la firma del bono, su teatralización, se da en el marco de acuerdos informales, al igual que hace meses se firmó el inútil compromiso de los empleadores de mantener el empleo en el medio de la discusión por la mal llamada Ley antidespidos. De la misma manera, con el bono se anuncia una medida en base a la firma de un documento que no entraña ningún tipo de compromiso de las partes. Un modelo diametralmente opuesto al de paritarias abiertas.

En tercer lugar, se niega el pasado. En la conferencia de prensa posterior a la firma del acuerdo por el bono, el Jefe de Gabinete calificó al encuentro como histórico “porque no ha habido antecedentes de encuentros del Estado, el sector empresarial y el sector sindical, dialogando en una reunión de manera franca y abierta”. La negación de doce años de negociación colectiva, de una década de Consejo del Salario, de los múltiples acuerdos sectoriales vinculados al empleo y la formación, y el desarrollo del tripartismo en materia de trabajo infantil, violencia laboral, igualdad de oportunidades, diversidad y adicciones puede deberse sólo a dos cuestiones: desconocimiento o mala fe.

El año que viene intentarán una negociación cupular para fijar un aumento general del 17% y luego remitir la negociación a nivel de empresa, logrando el sueño de los empresarios del mundo

La decisión política del gobierno de discutir salario mediante este mecanismo puede ser un primer paso en pos de desmantelar la negociación colectiva libre. Ya en enero de 2016 intentó imponer una pauta que luego fue superada por más de 10%. Para el año que viene plantean lo mismo: una paritaria atada a los deseos del gobierno, o una variante dirigida a borrar el nivel de negociación de actividad, sin duda el elemento esencial del protagonismo sindical en nuestro país. Así intentarán una negociación cupular para fijar un aumento general del 17% y luego remitir la negociación a nivel de empresa, logrando el sueño de los empresarios del mundo.

La profundización de este camino sería una gran pérdida de los avances logrados desde 2003. En la última década se había logrado reinstaurar en la Argentina la discusión de salarios a través de las negociaciones colectivas de trabajo. El proceso de negociación colectiva resultó en un instrumento de política importante tanto para el gobierno como para las organizaciones sindicales y los trabajadores. Para el gobierno, porque la política de distribución del ingreso encontraba legitimidad de parte de los actores sociales. Para los sindicatos, porque el proceso de discusión salarial con los empresarios reforzaba su vínculo con los trabajadores representados. Además, las negociaciones permitieron condiciones de mejora persistentes en los ingresos y en otros factores de la relación laboral.

La discusión sobre el empleo

El gobierno repite, como un mantra, que hace cinco años no se crea trabajo en el sector privado. Los datos publicados recientemente por el propio Ministerio de Trabajo demuestran la falsedad de esta afirmación: a partir de los datos que surgen del SIPA, se confirma que el número de puestos registrados en empresas privadas entre noviembre de 2011 y noviembre de 2015, no solo no cayó, sino que experimentó un crecimiento del 3%. Esto significó 300 mil puestos nuevos. Esta expansión -moderada- del empleo formal se logró en el marco de un contexto internacional adverso (que ahora se reconoce) y que condicionó la dinámica de la economía nacional.

En paralelo a esto, y como contracara de lo que se afirma en relación al sector privado, la actual gestión desacredita el rol del empleo público y sobredimensiona su crecimiento durante la etapa anterior. Otra falsedad. Los datos provenientes del SIPA muestra que la participación del empleo público en el total del empleo asalariado registrado pasó del 31% en el año 2008 al 34% en 2015. Un crecimiento lógico teniendo en cuenta si se considera la ampliación de funciones del sector público vinculadas a un Estado que participa activamente para impulsar el crecimiento de la economía, la inclusión social y promover la competitividad y la innovación.

Más allá de la discusión, y del uso político de los índices estadísticos, este año se ha vivido un proceso sostenido de pérdida de puestos de trabajo. Un proceso que se explica por la caída de la actividad económica y por la retracción del Estado, a través de la parcial desactivación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO). La tasa de desempleo llega hoy a dos dígitos en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Además de caer el empleo, aumentó la cantidad de ciudadanos buscando empleo ya que los ingresos que antes alcanzaban a cubrir las necesidades familiares ahora no lo hacen. Ante esta situación, la reacción del gobierno fue primero negar la situación, luego desoír al parlamento al vetar la Ley de Emergencia Laboral y, por último, plantear una clara (y vieja) agenda flexibilizadora.

La flexibilización en el horizonte

En el segundo semestre el Gobierno nacional reflotó la discusión sobre el andamiaje jurídico institucional que protege a los trabajadores. Esas instituciones son el resultado de un avance de la sociedad en el marco del modo de producción que se consolida en casi todo el mundo después de la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial, un andamiaje que se propuso disminuir la inseguridad social y laboral.

Dentro del actual gabinete nacional ya han hecho reiteradas referencias a la necesidad de reducir el costo laboral y de flexibilizar el mercado de trabajo y así “equilibrar” la justicia laboral a favor de los empresarios.

La supuesta rigidez salarial o el costo laboral excesivo, según sostienen, explica el desincentivo de los empresarios a contratar nuevos trabajadores o, en el caso de hacerlo, parecería forzarlos a recurrir a la informalidad y la no registración laboral. Desde esta perspectiva, el salario es reconocido como un elemento del costo de la producción pero no es considerado como un componente central del ingreso de los hogares y, por tanto, de la demanda de los bienes y servicios que son producidos. La lenta o nula reactivación de nuestra economía mucho tiene que ver con la depresión de los ingresos populares vía salarios que ha llegado para quedarse.

Empiezan a verse las señales de flexibilización de hecho, a partir del empoderamiento empresario y la presión disciplinadora de los despidos y la creciente desocupación

El camino de la flexibilización ha comenzado particularmente vía convenios colectivos. El caso paradigmático hoy en día es el de Vaca Muerta donde la negociación gira en torno a las condiciones ventajosas que supuestamente disfrutan los trabajadores petroleros. Por otro lado, empiezan a verse las señales de flexibilización de hecho, a partir del empoderamiento empresario y la presión disciplinadora de los despidos y la creciente desocupación.

Calificar para desarrollar

El discurso que busca justificar este avance sobre los trabajadores es el de los necesarios aumentos de la competitividad y la productividad. En este punto es en donde se observan claramente dos modelos de desarrollo productivo para el país, dos modelos de gestión. Uno que, por la vía baja, busca alcanzar esas metas en base a bajos salarios y mayores niveles de explotación. Ese ya fracasó. Otro, que pone a la política de ingresos (empleo, salarios y seguridad social) en el centro de las políticas públicas. Y busca mejorar la productividad por la vía alta, la calificación laboral continúa, el trabajo decente y el desarrollo de la ciencia y tecnología integrada a la producción.

La sostenida subjecución presupuestaria de los programas de formación profesional del Ministerio de Trabajo son un llamado de atención en este punto. Al 23 de octubre sólo se había ejecutado el 26% del Programa Acciones de Capacitación Laboral. Una situación lamentable. Durante la última década un millón de trabajadores fueron capacitados por sindicatos y cámaras empresarias, miles de centros de formación fueron fortalecidos y cientos de miles de trabajadores recibieron su certificación de competencias. Un símbolo de un modelo. La subejecución presente y el presupuesto 2017 para el área no nos permiten ser optimistas en este punto.

El aumento de la productividad no puede ser equivalente a intensificación del rendimiento y menores derechos. No podemos caer en la trampa de buscar competir con países donde se hace dumping social

El aumento de la productividad es un deseo de todos. La cuestión es definir cómo llegar a ese punto. Si la discusión sobre productividad va a estar centrada sólo en el ausentismo y la conflictividad entonces no tiene destino. En el debate público el aumento de la productividad no puede ser equivalente a intensificación del rendimiento y menores derechos. No podemos caer en la trampa de buscar competir con países y regiones donde se hace dumping social. Ese camino es inviable. Es necesario generar instancias que lleven a aumentar la inversión en tecnología, desarrollar procesos de trabajo modernos y eficientes, incrementar calificaciones obreras y cumplir con el derecho a la información. Esto -y no viejos discursos- redundará en mayor nivel de productividad y mejores condiciones de trabajo.

 

* Director del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD). Ex ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

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