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Desafíos

Varias cuestiones de muy diverso orden deberían formar parte de la necesaria caracterización, que todavía nos debemos, de la nueva etapa política que vive la Argentina desde la asunción del gobierno del ingeniero Macri. Es una etapa de nuestra vida colectiva que, sin duda, ya se recorta con mucha nitidez como radicalmente distinta, no sólo de la etapa precedente, sino incluso, en muchos puntos, del conjunto de formas que asumió la vida democrática en el país desde el ocaso de la última dictadura hasta fines del año pasado.

Casi diría que la idea misma de democracia que parece presidir la etapa actual es bastante singular, bastante diferente a todas las que se sucedieron desde 1983 en adelante. Porque en Argentina si después de la dictadura (cuyo máximos voceros, por cierto, hablaron mucho sobre la democracia, palabra por la que entendían una forma de orden que en sus discurso contraponían a esos tres enemigos que eran la anarquía, el populismo y la corrupción) la democracia fue pensada sucesivamente, primero (en los 80) como una utopía de la libertad, después (en los 90) como una rutina institucional, más tarde (entre 2001 y 2002) como un espasmo participativo y luego (a partir de 2003) como un proceso de ampliación de las libertades y sobre todo de los derechos, hoy deberíamos volver a preguntarnos por el significado que podría atribuirse a esa palabra si es que la misma ocupara un lugar más importante que el que ocupa en la retórica oficial y en la discusión pública.

La idea misma de democracia que parece presidir la etapa actual es bastante singular, bastante diferente a todas las que se sucedieron desde 1983 en adelante

Si hoy pudiéramos hacer ese ejercicio nos encontraríamos, creo, con algunos indicios de la tendencia a la consolidación de una idea fuertemente autoritaria de la democracia, de la que van siendo expurgadas en el discurso gubernamental no sólo cualquier referencia a la ampliación o expansión del universo de derechos de los ciudadanos, no sólo cualquier expectativa por ver intensificadas las formas de participación popular en los asuntos públicos, sino incluso las más básicas preocupaciones por las libertades y garantías ciudadanas que inquietaron siempre a la gran tradición del pensamiento liberal.

Es muy grave que a menos de un año de gobierno las actuales autoridades nacionales argentinas hayan tenido que ser reconvenidas por la Organización de las Naciones Unidas por su manifiesto y militante desprecio por esos valores fundamentales de la convivencia bajo un Estado de Derecho, y lo es más todavía la escasa disposición que, varias semanas después de haber recibido esa justa y lamentable reprensión a raíz de la cruel, caprichosa y a todas luces ilegal detención de la dirigente social Milagro Sala en una cárcel de Jujuy, nadie en el gobierno nacional esté dando la más mínima señal de alguna vocación por cumplir con lo que le manda, antes todavía que la ONU, la Constitución nacional. No deja de producir algo de nostalgia recordar que fue con el por entonces conmovedor recitado del preámbulo de esa misma Constitución hoy pisoteada que se inició el ciclo político que hoy conoce esta preocupante inflexión autoritaria.

Si aprovechamos este rápido recuerdo de aquellos remotos años de la “transición” para comparar el clima de ese tiempo inaugural con el que hoy vivimos en el país, hay dos asuntos sobre los que puede valer la pena dirigir un momento la atención. Uno es el de la relación entre la política y los medios y especialmente entre la política y la televisión. El otro es el de la relación entre la política y la justicia: entre las instituciones, las prácticas y los discursos de la política y de la justicia. Sobre ambos problemas fueron muy incisivas – en su momento – las intervenciones de ese fino analista político y cultural que fue el filósofo Oscar Landi, quien nos dio pistas muy interesantes para pensar esas y otras cuestiones durante los años de la “transición” y de la –como él mismo y varios otros también dijeron– “postransición”. Lejos ya de aquellos avatares, y habiendo atravesado entre 2003 y 2015 un ciclo político de doce años y medio que Landi, por muy poco tiempo, no pudo conocer (murió, después de escribir algunas de las cosas más interesantes que pudieron leerse entre nosotros en medio de las convulsiones de 2001 y 2002, en marzo del año en que Néstor Kirchner comenzó su presidencia), y sobre el que siempre me resulta interesante preguntarme qué habría opinado,  hoy puede valer la pena dirigir nuevamente la mirada sobre esos dos problemas, que ciertamente no han perdido nada de su importancia ni de su dramático interés.

Hay dos asuntos sobre los que puede valer la pena dirigir un momento la atención. Uno es el de la relación entre la política y los medios. El otro es el de la relación entre la política y la justicia

Primero, el de la relación entre la política y los medios. Landi empezó a pensar ese problema en tiempos en que la televisión, desprestigiada por su acompañamiento a la mentira oficial de la dictadura durante la guerra del Atlántico Sur, enfrentaba a unos políticos (y especialmente a un político, de verba sobresaliente y fuerte credibilidad pública tras ocho años de censuras y silencios) a los que no había tenido más remedio que acompañar, como un puro altoparlante, como un puro medio, a los lugares tradicionales de la enunciación política: balcones, actos callejeros, canchas de fútbol. Después, y sobre todo después del fatídico domingo de la semana santa de 1987, la cosa se había invertido, y los políticos, desprestigiados y menos creíbles, habían empezado a hacer cola para comer fideos con Tato Bores, almorzar con Mirtha Legrand o ir a la cama con Moria Casán.

La crisis de 2001 lo había sido también de esa “clase” política desprestigiada e irrepresentativa, que a esa altura de las cosas ya había sido derrotada por la mayor verosimilitud de los medios desde los cuales se había empezado a vociferar desde hacía tiempo (mucho antes de que se lo hiciera en las calles y las plazas) que se fueran todos. Landi –ya lo dije– no llegó a ver en qué consistió en este punto la “novedad” del kirchnerismo: en su capacidad y su determinación para volver a invertir la relación entre la política y los medios, para volver a poner en el centro de esa relación la escena política institucional, para volver a obligar a los medios a trabajar de medios.

Sólo que a esa altura de las cosas los medios eran mucho más que puros medios, y ciertamente que mucho más también que una pura tecnología o que una mera escena. Hacía rato que eran también, en la vida política argentina, actores, y actores importantes, por momentos decisivos. El kirchnerismo debió lidiar con esos poderosos actores de la vida pública de la nación, sobre los que se recostó, con los que negoció, a los que combatió, de distintos modos y en distintos tiempos y con distinta y cambiante suerte, y con los que terminó perdiendo una “batalla” (así la bautizó) cuyos resultados están hoy a la vista, después de diciembre, con la consolidación de una organización del sistema de medios audiovisuales inéditamente concentrada gracias a la derogación, casi inmediatamente posterior al cambio de gobierno, de artículos fundamentales de la muy avanzada y democrática Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y con esas verdaderas “máquinas de captura” (como las llamó Daniel Rosso en un libro notable) habiendo recuperado todo el terreno que por un momento habían parecido tener que ceder, y con una suma del poder de construcción de la escena de la discusión pública y social nunca antes vista.

Tengo la impresión de que los instrumentos que hasta aquí pudimos forjar para auxiliarnos en esta discusión ya no nos sirven, porque el poder de los medios de comunicación es mucho mayor que lo que lo había sido nunca antes

Tengo la impresión de que deberemos ocuparnos mucho, en nuestras ciencias sociales y políticas, de esta nueva forma de articulación entre el campo de las discusiones colectivas, el de la política institucional y el de los medios. También tengo la impresión de que los instrumentos que hasta aquí pudimos forjar para auxiliarnos en esta discusión ya no nos sirven, porque el poder de este último actor es mucho mayor que lo que lo había sido nunca antes desde que el problema empezó a ser planteado, por Landi y algunos pocos más, hace seis o siete lustros.

El otro asunto sobre el que me parece que tendremos que volver es el de la relación entre el discurso de la política y el de la justicia. En los albores de la “transición”, ambos eran campos fuertemente prestigiados. Contra el “discurso de la guerra”, la “guerra de discursos” de los años de la transición (el juego de palabras –del discurso de la guerra a la guerra de discursos– es también del Landi de esos años) tuvo a estos dos protagonistas: la política y la justicia, como actores importantes, dignos y creíbles e independientes. Y militantes, además, de su mutua independencia. Fue sobre el telón de fondo de esa subrayada independencia entre esos dos actores y esos dos discursos en el comienzo del ciclo de la transición que la ulterior “politización de la justicia” que solemos ubicar, en nuestro recuerdo de los años que siguieron, en el curso de la larga década menemista, nos resultó tan oprobiosa. De nuevo, el kirchnerismo operó una transformación muy importante en este campo al disolver con audacia y decisión la “mayoría automática” que el menemismo se había garantizado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y todo a lo largo de las tres gestiones presidenciales que se sucedieron desde 2003 buscó persistentemente garantizar la independencia entre los dos poderes. Es sabido que, en contrapartida, uno de ellos, el de estructura,  tradición y vocación menos democráticas, se volvió cada vez más- sobre todo a medida que el ciclo kirchnerista se agotaba- un actor protagónico en la composición del entramado opositor al gobierno nacional.

Es grave que las luchas políticas, cuando los políticos no están a la altura necesaria para librarlas, sean llevadas adelante por los miembros de un Poder, el Judicial, que querríamos que se ocupara de otras cosas: las que les corresponden

Hoy ese entramado está en el poder y eso produce, además del inédito tipo de pegoteo o de identificación casi sin fisuras entre el discurso político y el de los medios masivos de comunicación, un también inédito nivel, no solo de  “politización de la justicia”, sino – y quizás todavía más grave para las posibilidades de la democracia en el país – de “judicialización de la política”, de la que la gravísima situación de la militante popular Milagro Sola a la que aludíamos al comienzo es sólo un ejemplo, cierto que sin duda el más escandaloso. Es grave que las luchas políticas, cuando los políticos no están a la altura necesaria para librarlas, sean llevadas adelante por los miembros de un Poder, el Judicial, que querríamos que se ocupara de otras cosas: las que les corresponden. Pero hay que tomar nota que este hecho grave ocurre hoy en la Argentina y es uno de los rasgos característicos del nuevo tipo de orden o de régimen que empieza a configurarse ante nuestros ojos. Un autoritarismo de nuevo tipo, culturalmente muy indigente, socialmente muy regresivo, pero de fuerte sustento electoral – que todavía tenemos que aprender a caracterizar – y que va encontrando semejanzas preocupantes por toda la región. Es un desafío para nuestras ciencias sociales tratar de conceptualizar y explicar adecuadamente este fenómeno novedoso. Es un desafío para nuestra imaginación política encontrar las vías para enfrentarlo. Es un desafío para nuestro ánimo militante construir la fuerza social mayoritaria para ponerle fin.

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